El ciclista en la cuerda floja

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En la parada semanal que realizamos sobre la bicicleta en nuestras ciudades nos hemos querido hacer eco de la situación que se desprende de una reciente “corrección” de la normativa que influye en el ciclista susceptible de tener un accidente o percance en la vía. A través de www.change.org, José María Caroz, exciclista profesional y abogado, ha realizado una petición que busque dar marcha a atrás a un cambio en las reglas de juego que como veréis perjudica, y no poco, a la persona que va en bici….

El contexto de la petición a través de “change.org” viene como consecuencia de la situación de mayor desprotección que han quedado las víctimas de los accidentes de tráfico, entre las que se encuentran los ciclistas, frente a las entidades aseguradoras, tras la despenalización de ciertas imprudencias desde el pasado día 1 de julio, que hará que se incrementen las dificultades para reclamar judicialmente las indemnizaciones que pudieran corresponder al privarles (a las victimas) de una herramienta ágil, eficaz, sencilla y barata como era el proceso penal.

A ello se añade la inminente aprobación de un nuevo sistema de valoración del daño corporal algo más complejo que el existente, que durante unos años generará una importante inseguridad jurídica (predictibilidad del resultado)  y que además introduce la obligación de la reclamación previa, la mediación así como hacer prácticamente desaparecer otro procedimiento eficaz como era el ejecutivo a cargo del seguro obligatorio.

En definitiva, desde un punto de vista práctico, se incrementa el desequilibrio de fuerzas entre las víctimas y las entidades aseguradoras y no precisamente para favorecer a la parte más débil. Ello va a conllevar que en multitud de ocasiones las víctimas, básicamente con un daño corporal bajo o medio que son la mayoría, se vean obligadas a aceptar ofertas muy inferiores a las que legalmente podrían tener derecho por cuanto para iniciar un procedimiento judicial de carácter civil  tendrían que hacer frente a unos costes (procurador, perito médico, etc.) que antes con el proceso penal se podían evitar.

Además, a diferencia del procedimiento penal existente hasta el 1 de julio, las víctimas correrán el riesgo de ser condenadas en costas (gastos de la aseguradora de abogado, procurador, peritos, etc.), circunstancia ésta última que se pretende evitar con la propuesta al desligar la condena en costas del criterio del vencimiento (quien pierde paga) y dejarlo sólo para los supuestos de mala fe y/o temeridad, por cuanto de quedar la situación como está a los gastos iniciales que deba de hacer la víctima se le añadirá la posibilidad de tener que abonar los gastos que justifique la entidad aseguradora, en una situación de cierta inseguridad jurídica con lo que muchas víctimas optarán por aceptar la primera oferta o, en todo caso, una muy inferior a la que le pudiese corresponder sobre todo ante el temor de tener que hacer frente a unos gastos en una situación de incertidumbre.

Por otra parte se aprovecha la circunstancia para equiparar en el trato a otras personas que deben ser consideradas como parte débil como son a los afectados de los diversos productos financieros (preferentes, cláusulas suelo, hipoteca, etc.), de seguros (seguros de vida, hogar, sanitarios, etc.) y respecto de cualquier otra reclamación que pueda realizar una persona en su condición de consumidor (agua, electricidad, teléfono, adquisición de productos, contratación de servicios, etc.). 

Aquí tenéis la propuesta en Charge.org por si queréis sumar vuestro grano de arena

Por José María Caroz –www.caroz-armayones.com

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