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#PorUnaLeyJusta ¿Cuántos ciclistas muertos necesita el Gobierno?

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Opinión ciclista

#PorUnaLeyJusta ¿Cuántos ciclistas muertos necesita el Gobierno?

#PorUnaLeyJusta ¿Cuántos ciclistas muertos necesita el Gobierno?

Santa Fixie LDB

Los políticos vuelven a ir por otro camino de #porunaleyjusta

Este pasado martes 13 de noviembre no fue un buen día para el colectivo ciclista.

Fue una jornada para olvidar.

Ya de buena mañana, nos enteramos que de nuevo un terrible accidente -¡otro más!- había sesgado la vida de una ciclista en Bilbao.

Un camionero, perdón, un conductor de camión, se la llevó por delante mientras la adelantaba, sin percatarse ni tan siquiera de su presencia, cerrándola y atropellándola.

Berria Junio

Un desgraciado incidente, que otra vez ha hecho tambalear los cimientos de la tan cacareada (in)seguridad de los ciclistas cuando salimos a montar en bici ahí afuera, y de la que muchos se llenan la boca afirmando que velan para que esa confianza salga reforzada.

DT-Swiss 2019

Además de esta triste noticia, también nos enteramos, ese mismo día, que una de las mayores manifestaciones ciclistas que se organizan en este país por nuestra seguridad vial -la Barcelona-Sitges- era recortada, enviada bastante más allá de las afueras de las ciudades por donde había de pasar -allí donde no nos quieren-, y convertida en poco más que un triste paseo dominguero.

¿Barcelona? – Sitges o cómo los ciclistas molestan

A todo esto, por si fuera poco y para acabar de rematar nuestra paciencia, el martes se aplazó la decisión de reforma con el endurecimiento del Código Penal sobre homicidio imprudente al volante, porque no existía en aquel momento un mayor consenso entre todos los partidos.

¿Cómo?

Eso nos preguntamos todos.

#PorUnaLeyJusta ya 14 meses

¿Por qué?

Porque llevamos 14 meses esperando a que en este país, por fin, las víctimas más vulnerables en los accidentes de tráfico se sientan amparadas por la Ley.

Y parece que seguimos sin avanzar.

Continuamos estancados.

De nuevo… ¿por qué?

Porque la propuesta inicial de elevar las penas a imprudencias graves, producidas por exceso de velocidad o por el consumo de alcohol y drogas, ha quedado en poco menos que una broma pesada, al quedar devaluada por completo.

El colectivo ciclista, encabezado por Anna González, Alfonso Triviño y la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), se siente engañado por la mayoría de grupos políticos, en especial con el partido socialista que gobierna este sufrido país y que parece haberse echado atrás a la hora de firmar esta negociación.

Bien es cierto que este aplazamiento ha sido producto de las presiones de la propia ACP que veían, incrédulos, como se iba a aprobar una ley del todo injusta.

Voy a intentar explicar los tres puntos básicos más conflictivos por los que se están luchando en esta reforma del Código Penal, por si alguien aún no lo sabe o tiene dudas, y poniendo los puntos sobre las íes, porque el aplazamiento es para de aquí una semana y tenemos poco margen de maniobra, el documento es muy mejorable y el tiempo muy escaso para seguir presionando.

De las tres patas del banco que bailan y no dejan que se estabilice #porunaleyjusta, la primera es la petición del colectivo ciclista, y de las asociaciones de víctimas de accidentes, de que “una infracción de tráfico que cause muerte o lesiones sean considerados como imprudencias menos grave”.

Primer punto problemático, ya que el texto sólo recoge los casos en los que las lesiones incapaciten de por vida a la víctima.

¿Qué significa esto?

De entrada que estas eventualidades, según estudios, “sólo” representan un 10%, o lo que es lo mismo, que en el 90% de accidentes las lesiones no son invalidantes de por vida con los que tendríamos durísimos ejemplos como los que nos explica el propio Triviño, en los que “un conductor podría partir las piernas de un ciclista porque se ha saltado un semáforo y eso no sería objeto de causa penal”.

La petición sería que cualquier accidentado que necesitara asistencia médica y tratamiento fuera calificado como “delito leve”, siempre y cuando el responsable del accidente no condujera bebido o drogado. De esta forma las víctimas estarían protegidas por un proceso penal, con revisión de lesiones por un forense judicial y el apoyo de la Fiscalía.

¿Por qué todo esto?

Porque hasta ahora este tipo de accidentes eran considerados por los jueces como imprudencias leves, donde las víctimas no tienen apoyos ni del fiscal, ni del forense y tampoco son procesos gratuitos.

La celeste de Movistar by Endura

¿Qué ocurre en estos casos?

Pues que la mayoría de accidentados optan por desistir para regocijo de jueces que han de trabajar mucho menos y compañías de seguros que, felizmente para ellas, pagan indemnizaciones a la baja, ¡toma ya!

Es fácil entender, por tanto, que en este país, el partido socialista ha “sufrido” presiones por jueces y aseguradoras que “vivían” muy tranquilos hasta ahora, sin complicarse demasiado sus “duras” faenas los primeros y sometidos a los intereses y al “negocio” de los segundos y, de paso, ahorrarse el Gobierno partidas presupuestarias para que la justicia defienda a las víctimas.

Así estamos aún.

Una auténtica vergüenza.

Segunda problemática: el aumento de la pena máxima por imprudencia grave.

Hasta ahora eran cuatro años.

Pues tampoco hay un acuerdo satisfactorio porque el Gobierno, para que se pueda elevar el límite entre los 6 y 9 años de condena, ha puesto encima de la mesa que al menos haya “un fallecido y dos lesionados graves”.

¿Eso es lo que valemos?

¿Tiene que haber, como según ellos mismos dicen, una “notoria gravedad”?

¿No es suficiente la vida de una sola persona para elevar la pena?

Como vengo diciendo: bochornoso.

Estas cosas sólo ocurren aquí.

Porque además, esta “notoria gravedad”… ¿cómo la interpretaran los jueces.

¿Cuántos muertos necesita el Gobierno para que se eleven las penas?

Muchos, sin duda.

Es para llevarse las manos a la cabeza y echarse a temblar.

Algo tan sencillo como lo que se pide, que si el conductor iba borracho o drogado se pueda llegar hasta los seis años de pena y sin embargo el Gobierno pone como condición que hayan “varios muertos”.

Es para quedarse sin palabras, indignarse y tomar cartas en el asunto.

Para finalizar, el último punto de fricción es “la fuga”, uno de los más importantes por los que se está luchando #porunaleyjusta y en el que se pide penas más duras para el que abandona a la víctima en el accidente.

Tampoco hay consenso porque el texto asocia la fuga dependiendo de la culpa del incidente. En él se dice que si lo ha provocado la imprudencia del automovilista la pena sería de 6 meses a 4 años, pero si es por culpa del accidentado, el conductor tendría como mucho una pena de 6 meses de prisión, una sanción muy menor a la de quedarse y someterse a la prueba de alcoholemia.

Algo inaudito.

Por eso, desde la ACP se está luchando para que la fuga sea independiente de la causa del accidente y que, en cualquier caso, el que abandona a la víctima ha de ir a la cárcel entre 2 y 4 años de prisión “por la maldad intrínseca” de dejar a su suerte al accidentado.

Por todo esto, Anna, ayer emitió un comunicado a todos los grupos parlamentarios a que sean sensibles y que atiendan estas peticiones que son irrechazables para que #porunaleyjusta lo sea pero de verdad.

Porque como la propia Anna dice

existen dos grupos de personas: los que esperan a que las cosas sucedan solas o te las arreglen otras, o bien las que hacen que las cosas sucedan, luchando por ellas

Y vosotros, ¿en qué grupo estáis?

Por Jordi Escrihuela

Endura LDB Summer 2019
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